Mujeres sin derechos: Problemas en los centros de readaptación social en el Estado de Nuevo León

Publicación original en Altavoz: ver aquí.

22 de noviembre de 2015

Por: María F. Santos Villarreal

“Aquí mandan los de la última letra —Los Zetas–. A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide.”

– Servidor público a una mujer reclusa en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” del Estado de Nuevo León (2014).[1]

De acuerdo a la Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal del año 2014, en la República Mexicana hay más de 248,000 personas que conforman la población penitenciaria, aunque solamente existen 389 centros penitenciarios (con capacidad para 198,000 personas como máximo). Del total de las personas privadas de su libertad, el 5.07% son mujeres, de acuerdo a la misma estadística.[2]

El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad, elaborado en 2014 con motivo de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, indica que se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.[3]

Pero destaca la situación de las mujeres privadas de su libertad por tres razones principales:

1. Hacinamiento.

No se respetan los derechos que reconoce el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las personas privadas de la libertad, es decir, que el sitio para las personas en prisión preventiva esté separado del de las que están ya compurgando su pena, que las mujeres estén separadas de los hombres y que en general el sistema esté construido sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción.

Señala el Informe mencionado que sólo el 35% de las mujeres privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios específicos para mujeres, mientras que el 65% restante se encuentra en centros mixtos. Además, hay un hacinamiento de hasta el 399%.[3]

2. Falta de servicios de salud.

No se respeta su derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política federal. Señala el Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León, elaborado en 2014 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existe un área de servicios médicos adecuados, como la falta de personal femenino para atenderlas, la falta de médicos psiquiátricos para las internas que lo necesiten y la inexistencia de facilidades para que ingresen al lugar ambulancias en casos de emergencia.[4]

Asimismo, recalca el Informe anteriormente mencionado la deficiencia en alimentación, protección de la salud, falta de privacidad, carencia de acceso a servicios de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera.[3]

3. Tortura sexual.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, lo cual es contrario a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 4º, 18, 22 y 133 de la Constitución Política federal, en función de los tratados internacionales en materia de derechos humanos[5], consistente en su derecho a vivir una vida libre de violencia, así como a que el sistema penitenciario sea uno que respete sus derechos humanos y a no ser objeto de torturas.

En particular, existen abusos sexuales, violaciones y en general tortura sexual. El multicitado Informe menciona que hace mucha falta capacitar a los servidores públicos que trabajan allí en materia de prevención de tortura.[3] Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas. De acuerdo a una investigación profesional que realizó la periodista Sanjuana Martínez en el 2013, las reclusas de los centros penitenciarios del estado cuentan con aproximadamente 2.93 metros cuadrados por persona para dormir, violando así lo recomendado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (que es entre 8 y 9 metros cuadrados)[6].  Se descubrió en la investigación, que también hay trata de mujeres para con los reclusos hombres, cuando hay centros mixtos, y para con los servidores públicos del lugar: las obligan a ser sus parejas sexuales o las violan (que es prácticamente lo mismo).[1]

Al tenor de lo anterior, dado el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y los sistemáticos abusos sexuales que sufren las mujeres privadas de su libertad, es menester crear políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica y material de las mujeres que denuncien abusos sexuales, tortura o cualquier falta de trato de digno y otorgarles protección para evitar que sean víctimas de represalias debido a sus denuncias. Las mujeres privadas de la libertad están siendo víctimas de violencia y los abusos están quedando impunes.

Un primer paso para lograr esto es legislar al respecto. Los centros de readaptación social en los que se encuentran mujeres privadas de su libertad, deben ser objeto de escrutinio público y atendidos correctamente por el Estado. Asimismo, se deben crear mecanismos eficaces para la realización de denuncias seguras por parte de las víctimas. El objetivo debe ser garantizar cabalmente el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León: el Estado las debe de cuidar y proteger.

Esto traería resultados positivos para todas las personas. En lo individual, las mujeres se verían beneficiadas al dejar de estar en una situación de constante amenaza y de violaciones, lo que conllevaría a una mayor probabilidad de reinserción en la sociedad y lograr salir adelante. Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todas las personas y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia.

Hay que poner el grito en el cielo. Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas. Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas. Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas.

– Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace A.B.P. (2013)[1]

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Referencias:

[1] Sanjuana Martínez. La Jornada: Denuncian reclusas esclavitud sexual en la prisión de Topo Chico. México, 2013.

[2] Sistema Penitenciario Federal. Estadística Penitenciaria. México, 2014.

[3] Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad. México, 2014.

[4] Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León. México, 2014.

[5] Principalmente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (o “CEDAW”, por sus siglas en inglés), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como “Pacto San José”) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como “Belém do Pará”).

[6] Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Estrasburgo, 1987/2015.

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