Mujeres privadas de la libertad: La importancia de la perspectiva de género.

Fragmento de la publicación original en Revista Visibles nº3: ver aquí.

01 de enero de 2020

Por: Guadalupe Yelitza Orta Dávalos

Para nadie es sopresa que en las últimas decadas han estado en la agenda pública temas relativos a las mujeres, al género y al sexo y con esto uno de los terminos que más han salido a la luz es el de la perspectiva de género. Concepto que es muy amplio e implica un estudio y comprensión de las desigualdades y discriminaciones estructurales y sistémicas a nivel sociocultural que se originan a partir de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres.

Cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad es más que necesario considerar la categoría del género y por ende mirar todo desde la perspectiva de género. No hacerlo de forma individual acorta nuestra visión del tema y no hacerlo desde lo público implica que en aras de la neutralidad se sigan perpetuando desigualdades estructurales y también un doble estigma para las mujeres privadas de la libertad.

¿Por qué considerar la categoría género?

Hablar sobre teoría de género y perspectiva de género implica partir y reconocer que  existe y vivimos en una organización social basada en un sistema patriarcal. Este sistema lo podemos definir como la cultura basada en el orden simbólico de tener una estructura mental para comprender y socializar en el mundo de una forma binaria (con conceptos opuestos y subordinados a otro) estos conceptos binarios no son más que los mandatos de feminidad y masculinidad que nos llevan a privilegiar las capacidades “masculinas” sobre las “femeninas” de tal forma que se eleva a algunos hombres sobre otros hombres y a todos los hombres sobre las mujeres.[1]

Otro punto toral es la dimensión de las relaciones, pues aquel hace una división entre relaciones del “yo” y relaciones “para que” de tal modo que los hombres producen relaciones de yo (para sí mismos) y las mujeres tiene relaciones que sirven a las necesidades de los hombres, es por tanto que resulta necesario ver el patriarcado como  una forma de dominación a través de la subordinación y explotación (relación fuerte-débil) que se reproduce en otros sistemas como el económico, político y jurídico. Por su parte, Joan Scott afirma que en lo que respecta al género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, el cual está conformado por cuatro elementos que se interrelacionan. El primero de ellos son los símbolos que culturalmente despiertan una representación.[2]

Para el análisis de nuestro tema central resulta importante destacar cuáles son las representaciones simbólicas que en lo general se evocan acerca del comportamiento de las mujeres. En este sentido, Sherry B. Ortner nos habla del carácter universal y pancultural de la subordinación femenina, ésta se lleva a cabo por diferentes medios que van desde la desvalorización de actividades y trabajos realizados por mujeres, la exclusión y el papel antagónico de la mujer. El punto central de su análisis es la explicación de la subordinación de la mujer en toda sociedad a partir de la consideración de estar más cerca de la naturaleza que de la cultura por diversos aspectos iniciando por  su cuerpo y funciones fisiológicas hasta la psique, siendo que la mujer juega un papel intermedio y de mediación entre lo natural y lo cultural, pero entre ese papel intermedio encontramos aspectos simbólicos y polarizantes.[3]  

Desde la subordinación dada a las mujeres de forma universal por el patriarcado (cada cultura lo hace de forma distinta), se generan mandatos de feminidad o de género a partir de las funciones sexuales, psíquicas y sociales de las mujeres, creando símbolos que nos hablan en un primer plano del comportamiento que se espera de las mujeres y en un segundo plano de la creación de símbolos de lo que se puede considerar, según la cultura de la que se trate, como buena o mala mujer.

Al vivir en el patriarcado estamos sujetas a la valorización y a los mandatos de la feminidad y por tanto a una desvalorización o exaltación dependiendo de cuanto sirve al patriarcado las características de las mujeres, pero siempre desde un papel donde quedamos subordinadas. Por tanto, los símbolos son de subordinación, de obediencia y de servicio; el incumplimiento de alguno de estos nos coloca en el polo opuesto de lo bueno. Al analizar la situación de las mujeres en reclusión en nuestro país, el género debe ser un punto central, siendo que las cargas impuestas por los mandatos de género impactan en la situación jurídica penal de las mujeres.

El doble estigma

En primer lugar, se tiene que hablar del estigma hacia la persona que comete un delito; para esto tomaremos lo explicado por Lucia Núñez acerca del labelling approach: al analizar las conductas delictivas bajo la pregunta de quién considera como mala o buena una acción se abre paso a considerar la importancia que tienen los procesos sociales mediante los cuales se establece que una conducta es desviada, las reacciones que se desencadenan frente a ese juicio y las consecuencias que trae para el sujeto que ha sido etiquetado de desviado, también se analiza la reacción de otros sujetos frente al acto la cual resulta relativa en razón de quién comete el acto reprobable y quien es el perjudicado. Para que exista la etiqueta de desviado se necesita que exista una norma formal o informal que describa la conducta como transgresora, que haya una transgresión de la norma y que esa transgresión cause una reacción de los otros al punto de reconocer y hacer pública la desviación.[4]

Tratándose de delitos, la ley penal considera a quien comete la conducta transgresora como el desviado del orden social y aquí no existe propiamente alguien que reconozca de desviada la conducta porque la misma ley tiene el poder de hacerlo y ese reconocimiento hace que la conducta sea pública y por tanto se etiquete.

Esta teoría nos ayuda a comprender un poco cómo es que la objetividad y supuesta neutralidad de las leyes no lo es tanto, pues la sociedad o el grupo en situación de poder es el que coloca ciertas conductas como delitos al considerarlas como anormales. Más allá del poder político, social y económico que establece ciertas conductas como anormales, existe otro poder (el patriarcado) que desde su visión binaria y simbolismos de comportamiento para hombres y mujeres es el que marca cuáles son las conductas anormales y cuales reprobables. Tratándose de mujeres que delinquen, es todavía más aguda la etiqueta porque no son sólo consideradas como desviadas del orden social sino también por transgredir los mandatos de feminidad. Es un doble estigma, el estigma del delito y el estigma de ser mala mujer.

El género Impacta en el Derecho

Los símbolos que nacen desde los mandatos patriarcales se institucionalizan en el Derecho y derecho penal.

Existen diversas críticas sobre el carácter masculino y sexista del Derecho en general. El Derecho se encuentra en el lado masculino de los dualismos en los que se encuentra estructurado nuestro pensamiento a partir de los pares opuestos sexuados y jerarquizados con los que se nos socializa; y éste se ha creado, estudiado y ejercido en su mayoría por hombres que instauran desde su subjetividad los valores masculinos con los que se ejerce lo que está bien o mal según también lo que se espera de una sociedad y su orden social.

Ahora bien, hablando propiamente de la ley penal y el género, aquella es resultado de actos de poder y por ende se encuentra dirigida e impregnada por cierta ideología.[4] Dentro de la ley penal vemos que no solo se trata de una persecución punitiva dicta, sino de la exclusión de carácter social, antes y más allá del castigo corporal o pena privativa de la libertad.[4] Por ello, tenemos que la categoría de género está intrínsecamente en el Derecho y las normas penales, desde quién lo crea y quién lo ejecuta.

Aterrizando esto a lo concerniente a las mujeres que cometen delitos, debemos tomar en cuenta que éstas pasan por procesos judiciales en los cuales se supone deben estar sujetas a las leyes, pero nos encontramos que las leyes que podrían generar un marco de protección han institucionalizado no solo los prejuicios en cuanto al delito sino también en cuanto a los mandatos de la feminidad del patriarcado que pueden reflejarse en leyes y procesos descontextualizados, operadores jurídicos que revictimizan y leyes que castigan desde un ámbito axiológico más que el acto antijurídico mismo.

En este punto, podemos dirigirnos propiamente a la mujer privada de la libertad y la identidad que se construye de ésta a partir de los símbolos de buenas o malas mujeres, del doble estigma que cargan y que muchas veces está amparado de leyes que reproducen estas desigualdades en cuanto a los varones.

Situación de las mujeres privadas de la libertad

En el informe presentado en 2015 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos  sobre las mujeres en reclusión se tienen registrado que en México el número de mujeres privadas de la libertad asciende a 12,690, que corresponde al 5.08% de toda la población recluida, de las cuales 9,529 son del fuero común; de éstas, 5,019 bajo proceso y 4,510 sentenciadas, mientras que las restantes (3,161) pertenecen al fuero federal; 1,866 de ellas se encontraban bajo proceso y 1,295 estaban sentenciadas. Entre 18 y 30 años es el rango de edad de la mayor parte de la población femenil en reclusión, los delitos que se les imputan son variados pero el que destaca son los delitos contra la salud.[5]

Estos datos nos arrojan información importante la primera es que en comparación a la población masculina el número de mujeres en prisión es muy bajo, esto no quiere decir que hablemos de un privilegio para el sexo y género femenino sino que esto también implica un elemento que añade desigualdad en cuanto a los recursos estatales destinados a las mujeres en reclusión pues al representar el 5% de la población no son destinados recursos suficientes para cubrir necesidades especiales de mujeres en reclusión como son las estancias maternas para quienes tienen a sus hijas e hijos con ellas. Por otra parte, también está el problema de las instalaciones pues estas no cuentan con las áreas adecuadas para la población femenil y sus hijas e hijos pues las instalaciones están pensadas para poblaciones masculinas.[5]

La identidad que se construye acerca de las mujeres en reclusión en México mucho tiene que ver con el simbolismo que se adhiere a la mujer en el país, Marcela Briseño nos habla acerca de que “el papel histórico de la mujer mexicana la ha colocado en una posición de extrema exigencia: debe ser buena y existir en función de los demás. En este contexto, la identidad de la mujer queda diluida y sólo es valorada por su capacidad reproductiva, de entrega y abnegación.”[6]

Estas mujeres han roto con estos preceptos y, por lo mismo, pareciera que a los ojos de los juzgadores oficiales (jueces, autoridades del penal, encargados de los programas de readaptación social, esposos, etc.) y sociales (familia, Estado, Iglesia, escuela, etc.) merecen un mayor castigo, mismo que se advierte no solo en el incremento de la pena en comparación con la destinada a los hombres, sino además en las condiciones de vida y en la ausencia de un programa diseñado para atender las necesidades específicas de las mujeres en circunstancias de encierro. Las mujeres privadas de la libertad se encuentran solas con su circunstancia. Ellas solitas cometieron el delito (los cómplices desaparecieron), ellas viven a solas el encierro.[6]  Esto es parte del estigma, del prejuicio y de la realidad de ser mujer y cometer un delito, sin abordar en lo bueno o lo malo de las acciones, lo cierto es que las mujeres en reclusión viven un doble cautiverio el que el patriarcado les impone y el de la prisión.

Al final nos encontramos que se construye una identidad subjetiva a partir de todo esto, de los símbolos de mujer buena y mala que derivan de los mandatos patriarcales de feminidad, así como del estigma que recae sobre ellas y la institucionalización del estigma por ser malas mujeres y malas para la sociedad en las propias leyes penales.

La necesidad de una aplicación real de la perspectiva de género

Existe una imperante necesidad de aplicar una perspectiva de género real. Utilizar esta gran herramienta para que primero se haga un reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones estructurales para poder establecer que la diferenca sexual es diferente a las atribuciones, ideas, representaciones, simbolos y mandatos culturales y sociales que se establecen a traves de estas diferencias; las cuales contribuyen a favorecer la discriminación y violencia hacia las mujeres a raíz de los roles, prejuicios e ideas que se generan por estas representaciones, simbolos y mandatos. Al hacer ese reconocimiento se puede prevenir, combatir y erradicar, discriminaciones y desigualdades de una forma efectiva y transversal.

La perspectiva de género implica reconocer las diferencias que generan una desigualdad para realmente caminar a una igualdad en donde caracteristicas como el sexo, género e identidad de género no impliquen una merma a los derechos humanos. No basta con enunciar desde los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que hay una igualdad si tratar igual a las personas sin reconocer que sus diferencias traen consigo desigualdades que perpetúan sistemas de opresión, no significa un combate real a estas problemáticas. Esta herramienta se debe utilizar en todos los ámbitos porque en el caso de las mujeres la pena impuesta no solo viene por la comisión de un delito sino por desobedecer el orden patriarcal y esto se traduce en violaciones a derechos humanos como el hecho de que no se cuenten con instalaciones adecuadas, que haya procesos descontextualizados y abandono social de las mujeres privadas de la libertad.

Conclusiones

Para hablar de la situación de las mujeres en reclusión tenemos que hacerlo desde la perspectiva de género no sólo para comprender la complejidad del fenómeno sino también para buscar y proponer formas de mejorar en primer término las condiciones de las mujeres en reclusión y en segundo y más importante trabajar en la reinserción social de éstas. Entender las implicaciones sociales que tiene el hecho de ser una mujer infractora nos ayuda a visualizar aspectos a trabajar para que ellas puedan reincorporarse a la sociedad de una forma más óptima y sin el cargo de ser “malas” como mujeres y como ciudadanas.

Propuestas hay muchas, como incorporar la perspectiva de género a las medidas alternativas a la prisión, así como a los programas que fomenten la utilización del dialogo, negociación, mediación y otros mecanismos orientados a fortalecer la cultura de la paz y los derechos humanos. Todo esto de la mano de políticas públicas y leyes penitenciarias con perspectiva de género así como trabajar con los operadores jurídicos bajo este lente. Ejemplo de ello es el protocolo recientemente actualizado para juzgar con perspectiva de género publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El camino es largo, pero comenzar a transitarlo y trabajarlo desde la mirada multi e interdisciplinaria, así como desde la interseccionalidad es una forma de comenzar a cambiar no sólo la realidad de las mujeres privadas de la libertad sino también sembrar una semilla para una sociedad más equitativa y menos desigual.

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Referencias:

[1] Gilligan, Carol. Snider, Naomi. (2018) Why does patriarchy persist? (Ed.) Polity Press. UK: Cambridge. (p. 6).

[2] Scott, J. (2003). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (Ed.), El género, la construcción cultural de la diferencia sexual (p. 289). México: Miguel Ángel Porrúa.

[3] Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En O. Harris & K. Young (Eds.), Antropología y feminismo (p. 1). Barcelona: Editorial Anagrama.

[4] Nuñez, L. (2018) El género en la ley penal: critica feminista dela ilusión punitiva. México. CIEG, UNAM.

[5] CNDH, (2015)  Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Portal de la CNDH, México.

[6] Briseño, Marcela. (2006) El doble cautiverio, mujeres en reclusión, en INMUJERES, Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, México, Inmujeres, PNUD.

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